Rio Dagua
Porque la Locomotora minera tiene más de loco que de desarrollo
lunes, 19 de diciembre de 2011
Una locomotora loca cargada de oro
Por: Daniel Samper Pizano. Tomado de: El Tiempo, 7 de Diciembre de 2011 http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/danielsamperpizano/una-locomotora-loca-cargada-de-oro_10918457-4
¿Este es el tren de la salvación? Más bien parece la demencial locomotora de la película.
Para decirlo en términos navideños, las multinacionales mineras son como los Reyes Magos, pero al revés: en vez de llevar oro al pobre portal, se lo quitan. El Gobierno habla con ingenua esperanza del "tren de la minería". Pero deberá manejarlo con cuidado, pues recuerda aquella locomotora loca que corre sin rumbo ni control y causa toda suerte de desastres.
Esta es la impresión que deja una mirada atenta a recientes debates en el Congreso, diversos documentos oficiales, graves quejas ecológicas y artículos de especialistas. Si no enderezan los rieles del tren minero, si no se le pone un buen maquinista y si no se establecen límites y barreras a la actividad, enfrentaremos un monstruo que destruirá la naturaleza, provocará peligrosos conflictos sociales y dejará escaso empleo y exiguas ganancias. No somos las únicas víctimas: en este momento hay en América Latina 155 conflictos creados por la explotación de yacimientos. En Colombia algunos han provocado desórdenes y asesinatos.
Me impresionaron las cifras y argumentos que dio el senador Jorge Enrique Robledo en el Capitolio. Él afirma que "el país puede estar siendo literalmente saqueado" por las grandes empresas mineras, mientras estas y el Gobierno se ocupan de estigmatizar a los mineros informales, a quienes el Ministro de Minas propone "darles el mismo tratamiento que al narcotráfico". El ministro no los llama "informales" sino "ilegales", pero su supuesta ilegalidad es la misma en la que sobreviven millones de colombianos honestos cuyo delito es, básicamente, ser pobres: también son "ilegales" los que venden frutas en los semáforos, los que cuidan autos, los que exhiben merengones en las carreteras, los que reciclan basura, los que ofrecen dulces en un carrito, los que cantan en los cafés...
El general Leonardo Pinto, hablando de los mineros informales del Bajo Cauca, tuvo el valor de señalar que "están enfrentando una injusticia por parte del gobierno nacional" y que la manera de solucionar los problemas sociales no es la fuerza.
Eso es lo primero que conviene aclarar: que los miles de colombianos que buscan oro en condiciones primitivas, como lo hicieron sus antepasados, no pueden asimilarse a narcotraficantes ni recibir tratamiento de bandidos. Causan daños a la naturaleza, es verdad. Pero no más, con seguridad, que las minas a tajo abierto y otras prácticas de la gran minería, capaz de destruir un páramo o alterar el medio ambiente de una región. Para prueba, el deterioro ambiental del Cesar y la bahía de Santa Marta. Recordemos que 38 diputados británicos señalaron que el proyecto de la AngloGold Ashanti en La Colosa (Tolima) podría causar una catástrofe ecológica.
Se diría que el tren aplasta a algunos pero favorece a todos. Falso. Según el economista Eduardo Sarmiento, la minería no irriga beneficios, no genera empleo de calidad y tiene "una clara responsabilidad en los elevados índices de desigualdad de la sociedad colombiana". Además, paga regalías ridículas, inferiores a las que facturan los indígenas en las salinas de Manaure. Y tributa poco. "Las grandes empresas mineras prácticamente no están pagando impuestos", acusa Robledo. Se apoya en la Contraloría, al tenor de la cual los impuestos no pagados por la Drummond en el Cesar equivalen al 76 por ciento del recaudo por regalías.
Lo peor es que el tren galopa sin vigilancia. Ciego, sin datos, el Estado acepta las cifras de las mineras con "fe religiosa" (Contraloría), y un estudio de la Dian expone intrincado carrusel de evasiones fiscales. ¿Este es el tren de la salvación? Más bien parece la demencial locomotora de la película.
ESQUIRLAS. Usando un calumnioso pretexto, El País acaba de cancelar la columna de Ramiro Bejarano y de impedirle que se defienda de las sinuosas acusaciones de un jeque empresarial. Solidaria con Bejarano, renuncia la columnista Cecilia Orozco. De este modo, la oligarquía caleña cierra filas y censura toda crítica, aunque pierda a sus dos mejores comentaristas.
lunes, 12 de diciembre de 2011
Adquisición irregular de tierras: FAO denuncia problemas de corrupción en acceso a la tierra en 61 países
"En el caso de Colombia, la rápida expansión de los cultivos de aceite de palma ha sido relacionada con grupos paramilitares."
"Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del organismo mundial anticorrupción Transparencia Internacional (TI) detectó graves problemas de corrupción en el acceso a la tierra en 61 países, entre ellos Colombia."
Interesante Columna del periódico El Espectador (El Mundo |12 Dic 2011 - 9:47 am), acerca de la apropiación de tierras y el uso de las mismas. Para ver el artículo completo: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-316144-fao-denuncia-problemas-de-corrupcion-acceso-tierra-61-paises
"Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del organismo mundial anticorrupción Transparencia Internacional (TI) detectó graves problemas de corrupción en el acceso a la tierra en 61 países, entre ellos Colombia."
Interesante Columna del periódico El Espectador (El Mundo |12 Dic 2011 - 9:47 am), acerca de la apropiación de tierras y el uso de las mismas. Para ver el artículo completo: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-316144-fao-denuncia-problemas-de-corrupcion-acceso-tierra-61-paises
Adiós a la comida barata, a la tierra cultivable, al agua potable
Tomado de la Revista digital: RAZÓN PÚBLICA. COLUMNA DE: Gabriel Rosas Vega*
EL SIGUIENTE TEXTO FUE TOMADO EN SU TOTALIDAD Y DE FORMA LITERAL DE LA REVISTA RAZÓN PÚBLICA, CON FINES EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS.
Domingo, 11 de Diciembre de 2011 20:07
En medio de las turbulencias financieras y monetarias, se esconde un peligro potencialmente mayor. Una pugna sorda por autoabastecerse está llevando a la carrera más insólita entre países: el control de tierra y de agua a gran escala. Colombia no está exenta de peligros en este frente.
Carrera por autoabastecerse
Con esta sentencia, Paul Krugman, premio Nobel de economía, resume su posición sobre las consecuencias de la crisis alimentaria en marcha. El profesor sostiene que la crisis va más allá de lo económico, partiendo de que el precio de la comida está por las nubes y de que se puede desencadenar la cólera popular.
Efectivamente, los precios mundiales de los alimentos batieron un récord en los primeros meses del año, impulsados por los fuertes aumentos en las cotizaciones del trigo, el maíz, el azúcar y los aceites.
Estos precios desorbitados sólo han tenido un efecto limitado en la inflación estadounidense, pues en términos históricos sigue siendo baja, pero están teniendo un impacto brutal sobre los pobres del mundo, que gastan en alimentos una gran proporción e inclusive la mayoría de sus ingresos.
So pretexto de esta delicada situación -y aprovechando que muchos gobiernos de países dependientes de las importaciones de alimentos se convencieron de la necesidad de reducir su vulnerabilidad- se ha iniciado una carrera descontrolada para autoabastecerse, comprando o alquilando tierras en otros países.
Es el caso, por ejemplo, de lo acontecido en 2011, cuando después de dos años de relativa tranquilidad, los precios han estado persistentemente por encima del pico de 2008, según el índice elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés). De hecho esto deja muy a las claras que la fiebre de los cultivos está ardiendo y, de acuerdo con los expertos, no hay señales de que vaya a bajar en el corto o en el mediano plazo.
Hambre de tierra cultivable
Como se ha repetido varias veces, África es el principal escenario de la carrera. Sin embargo, la falta de transparencia de muchos acuerdos y la ausencia de registros públicos confiables en un número creciente de países impide elaborar estadísticas confiables y de escala global acerca del fenómeno.
Empero, la información disponible indica que éste es realmente de amplísimas proporciones, con contratos que cubren extensiones de miles de kilómetros cuadrados. Sólo en Etiopía, Mozambique, Sudán y Liberia, unos 43.000 kilómetros cuadrados fueron vendidos o arrendados a inversionistas extranjeros entre 2004 y 2009, según datos del Banco Mundial. Se trata de una superficie equivalente al territorio de Suiza.
Entonces, si se tiene en cuenta que son muchos los países que en África –pero también en otros continentes– viven experiencias similares, la magnitud del problema se torna más evidente.
Parece no haber duda acerca de las causas del fenómeno: el aumento de la población mundial, la dieta más rica de millones de seres humanos en países emergentes y la creciente cantidad de cultivos destinados a la producción de biocombustibles, explican en buena medida la subida del precio de los alimentos y, en gran parte, la búsqueda de tierras.
El control del agua
No obstante, las cosas no paran ahí: más allá de la dimensión económico-social, el impulso a los precios tiene implicaciones geopolíticas. Una de ellas es el control del agua.
Michael Taylor sostiene que “estas grandes inversiones se sitúan en zonas con acceso estratégico al agua. Por ejemplo, varios países de las cuencas del Nilo y del Níger son grandes receptores de este flujo de inversiones. Con todo, muchos de los contratos firmados en ellos no regulan claramente la cuestión del uso del agua. Para no ir tan lejos, la utilización del caudal del Nilo ya es motivo de tensión entre Egipto y otras naciones de la cuenca. Cuando todos los proyectos estén en pleno funcionamiento, son de esperar crecientes extracciones de agua. Hay un alto potencial para que se produzcan conflictos” [1]. Unos 200 millones de personas vivían en la cuenca del Nilo en 2005 y la ONU estima que serán 330 millones en el 2030.
Otros casos que se mencionan son los de Mali, uno de los países por donde pasa el río Níger, vendió o alquiló unos 2.400 kilómetros cuadrados de tierras a extranjeros sólo en 2010. Más de 100 millones de personas viven en la cuenca del Níger.
De igual manera, aparecen países que sufren escasez de agua –Arabia Saudí, Catar o los Emiratos Árabes Unidos– que figuran entre los mayores protagonistas de la carrera por la tierra.
Pero también hay otras clases de inversionistas: · China o India, que tienen agua para cultivar, pero temen que su sector agrícola sea incapaz de abastecer a sus grandes poblaciones; · Empresas de países occidentales, que quieren tierra para cultivar materias primas para biocombustibles o, simplemente, vender más en el mercado internacional” (Taylor). · Inversionistas que sencillamente buscan refugio de las turbulencias del mercado financiero. Como el problema no es exclusivo de África, aprovechando que tenemos tierras fértiles para cultivar y todavía el recurso agua no escasea en Colombia, creo que es urgente anticiparnos a los acontecimientos, tomando decisiones preventivas, pues las lamentaciones de nada servirán si nos descuidamos.
* GABRIEL ROSAS VEGA: Cofundador del Nuevo Liberalismo, ex ministro de Agricultura, profesor universitario, columnista y autor de numerosos libros y artículos académicos.
EL SIGUIENTE TEXTO FUE TOMADO EN SU TOTALIDAD Y DE FORMA LITERAL DE LA REVISTA RAZÓN PÚBLICA, CON FINES EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS.
Domingo, 11 de Diciembre de 2011 20:07
En medio de las turbulencias financieras y monetarias, se esconde un peligro potencialmente mayor. Una pugna sorda por autoabastecerse está llevando a la carrera más insólita entre países: el control de tierra y de agua a gran escala. Colombia no está exenta de peligros en este frente.
Carrera por autoabastecerse
Con esta sentencia, Paul Krugman, premio Nobel de economía, resume su posición sobre las consecuencias de la crisis alimentaria en marcha. El profesor sostiene que la crisis va más allá de lo económico, partiendo de que el precio de la comida está por las nubes y de que se puede desencadenar la cólera popular.
Efectivamente, los precios mundiales de los alimentos batieron un récord en los primeros meses del año, impulsados por los fuertes aumentos en las cotizaciones del trigo, el maíz, el azúcar y los aceites.
Estos precios desorbitados sólo han tenido un efecto limitado en la inflación estadounidense, pues en términos históricos sigue siendo baja, pero están teniendo un impacto brutal sobre los pobres del mundo, que gastan en alimentos una gran proporción e inclusive la mayoría de sus ingresos.
So pretexto de esta delicada situación -y aprovechando que muchos gobiernos de países dependientes de las importaciones de alimentos se convencieron de la necesidad de reducir su vulnerabilidad- se ha iniciado una carrera descontrolada para autoabastecerse, comprando o alquilando tierras en otros países.
Es el caso, por ejemplo, de lo acontecido en 2011, cuando después de dos años de relativa tranquilidad, los precios han estado persistentemente por encima del pico de 2008, según el índice elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés). De hecho esto deja muy a las claras que la fiebre de los cultivos está ardiendo y, de acuerdo con los expertos, no hay señales de que vaya a bajar en el corto o en el mediano plazo.
Hambre de tierra cultivable
Como se ha repetido varias veces, África es el principal escenario de la carrera. Sin embargo, la falta de transparencia de muchos acuerdos y la ausencia de registros públicos confiables en un número creciente de países impide elaborar estadísticas confiables y de escala global acerca del fenómeno.
Empero, la información disponible indica que éste es realmente de amplísimas proporciones, con contratos que cubren extensiones de miles de kilómetros cuadrados. Sólo en Etiopía, Mozambique, Sudán y Liberia, unos 43.000 kilómetros cuadrados fueron vendidos o arrendados a inversionistas extranjeros entre 2004 y 2009, según datos del Banco Mundial. Se trata de una superficie equivalente al territorio de Suiza.
Entonces, si se tiene en cuenta que son muchos los países que en África –pero también en otros continentes– viven experiencias similares, la magnitud del problema se torna más evidente.
Parece no haber duda acerca de las causas del fenómeno: el aumento de la población mundial, la dieta más rica de millones de seres humanos en países emergentes y la creciente cantidad de cultivos destinados a la producción de biocombustibles, explican en buena medida la subida del precio de los alimentos y, en gran parte, la búsqueda de tierras.
El control del agua
No obstante, las cosas no paran ahí: más allá de la dimensión económico-social, el impulso a los precios tiene implicaciones geopolíticas. Una de ellas es el control del agua.
Michael Taylor sostiene que “estas grandes inversiones se sitúan en zonas con acceso estratégico al agua. Por ejemplo, varios países de las cuencas del Nilo y del Níger son grandes receptores de este flujo de inversiones. Con todo, muchos de los contratos firmados en ellos no regulan claramente la cuestión del uso del agua. Para no ir tan lejos, la utilización del caudal del Nilo ya es motivo de tensión entre Egipto y otras naciones de la cuenca. Cuando todos los proyectos estén en pleno funcionamiento, son de esperar crecientes extracciones de agua. Hay un alto potencial para que se produzcan conflictos” [1]. Unos 200 millones de personas vivían en la cuenca del Nilo en 2005 y la ONU estima que serán 330 millones en el 2030.
Otros casos que se mencionan son los de Mali, uno de los países por donde pasa el río Níger, vendió o alquiló unos 2.400 kilómetros cuadrados de tierras a extranjeros sólo en 2010. Más de 100 millones de personas viven en la cuenca del Níger.
De igual manera, aparecen países que sufren escasez de agua –Arabia Saudí, Catar o los Emiratos Árabes Unidos– que figuran entre los mayores protagonistas de la carrera por la tierra.
Pero también hay otras clases de inversionistas: · China o India, que tienen agua para cultivar, pero temen que su sector agrícola sea incapaz de abastecer a sus grandes poblaciones; · Empresas de países occidentales, que quieren tierra para cultivar materias primas para biocombustibles o, simplemente, vender más en el mercado internacional” (Taylor). · Inversionistas que sencillamente buscan refugio de las turbulencias del mercado financiero. Como el problema no es exclusivo de África, aprovechando que tenemos tierras fértiles para cultivar y todavía el recurso agua no escasea en Colombia, creo que es urgente anticiparnos a los acontecimientos, tomando decisiones preventivas, pues las lamentaciones de nada servirán si nos descuidamos.
* GABRIEL ROSAS VEGA: Cofundador del Nuevo Liberalismo, ex ministro de Agricultura, profesor universitario, columnista y autor de numerosos libros y artículos académicos.
Ley de Víctimas: Gobierno detectó 400 mil hectáreas de tierras para reparar víctimas
Ley de Víctimas
Gobierno detectó 400 mil hectáreas de tierras para reparar víctimas
Por: Elespectador.com
Con esas hectáreas iniciará la reparación de los mártires del conflicto.
El Gobierno Nacional dio a conocer que logró recuperar 400 mil hectáreas de tierras, de 650 mil revisadas, que pasarán al proceso de restitución para las víctimas, según lo establece la Ley de Restitución de Tierras.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo que las otras 250 mil hectáreas que tienen algún tipo de inconveniente jurídico, serán entregadas a jueces agrarios para que las saneen.
“La Fiscalía está analizando qué procedencia tenían quienes aparecían como dueños de las 400 mil hectáreas recuperadas, para establecer si llegaron a ser registrados como dueños de esas tierras a través de posibles irregularidades”, aseguró.
La idea del Gobierno es establecer si quienes aparecen como dueños realizaron algún tipo de alianza con grupos ilegales, como paramilitares o guerrillas, o incluso si hay funcionarios públicos que los ayudaron de manera fraudulenta.
Las zonas donde se ha llevado el proceso de recuperación de las tierras son San Martín (Meta), Uraba (entre Antioquia y Córdoba) y los Montes de María (Bolívar).
Finalmente, Vélez confirmó que el 13 de diciembre la Fiscalía imputará cargos contra 22 funcionarios públicos presuntamente comprometido con el despojo de tierras a campesinos del Carmen de Bolívar (Bolívar).
“La señora fiscal va a imputar el próximo 13 de diciembre en Carmen de Bolívar a 22 funcionarios públicos, entre quienes hay secretarios de gobierno, alcaldes, registrados, entre otros”, aseguró Vélez.
Gobierno detectó 400 mil hectáreas de tierras para reparar víctimas
Por: Elespectador.com
Con esas hectáreas iniciará la reparación de los mártires del conflicto.
El Gobierno Nacional dio a conocer que logró recuperar 400 mil hectáreas de tierras, de 650 mil revisadas, que pasarán al proceso de restitución para las víctimas, según lo establece la Ley de Restitución de Tierras.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo que las otras 250 mil hectáreas que tienen algún tipo de inconveniente jurídico, serán entregadas a jueces agrarios para que las saneen.
“La Fiscalía está analizando qué procedencia tenían quienes aparecían como dueños de las 400 mil hectáreas recuperadas, para establecer si llegaron a ser registrados como dueños de esas tierras a través de posibles irregularidades”, aseguró.
La idea del Gobierno es establecer si quienes aparecen como dueños realizaron algún tipo de alianza con grupos ilegales, como paramilitares o guerrillas, o incluso si hay funcionarios públicos que los ayudaron de manera fraudulenta.
Las zonas donde se ha llevado el proceso de recuperación de las tierras son San Martín (Meta), Uraba (entre Antioquia y Córdoba) y los Montes de María (Bolívar).
Finalmente, Vélez confirmó que el 13 de diciembre la Fiscalía imputará cargos contra 22 funcionarios públicos presuntamente comprometido con el despojo de tierras a campesinos del Carmen de Bolívar (Bolívar).
“La señora fiscal va a imputar el próximo 13 de diciembre en Carmen de Bolívar a 22 funcionarios públicos, entre quienes hay secretarios de gobierno, alcaldes, registrados, entre otros”, aseguró Vélez.
La comunidad de El Garzal (Sur de Bolívar) denuncia posible apropiación ilegal de tierras del Estado y una amenaza de desalojo para el 13 de diciembre
La siguiente información fue tomada en su totalidad y de forma literal de la página http://notiagen.wordpress.com/2011/12/06/la-comunidad-de-el-garzal-sur-de-bolivar-denuncia-posible-apropiacion-ilegal-de-tierras-del-estado-y-una-amenaza-de-desalojo-para-el-13-de-diciembre/#more-3465. La reproducción de la información aquí presentada tiene exclusivamente fines informativos, para dar a conocer lo que ocurre en Colombia.
"La comunidad de El Garzal (Sur de Bolívar) denuncia posible apropiación ilegal de tierras del Estado y una amenaza de desalojo para el 13 de diciembre
Según fuentes extraoficiales, la comunidad ha sido informada que el Juez Promiscuo de Simití, Luís Torres, ordenará el desalojo para el 13 de diciembre de la totalidad de la vereda Nueva Esperanza, 120 familias campesinas. Esa decisión judicial validaría unos títulos de propiedad sobre terrenos baldíos de la Nación que la comunidad denuncia como ilegales. El beneficiario sería Manuel Enrique Barreto, señalado por 'Julián Bolívar', ex comandante del Bloque Central Bolívar, como integrante de la estructura paramilitar en el sur del departamento de Bolívar. Fuentes del Ministerio de Agricultura afirman que el ministro intervendrá en este caso."
"Recibimiento de la comunidad de El Garzal a la misión.
La comunidad campesina de El Garzal, unas 380 familias, sostiene que necesita la titulación de las tierras donde vive y trabaja hace más de 50 años. Así lo expresaron todas las intervenciones de pobladores durante la visita de una Misión de Verificación sobre derechos humanos el 5 de diciembre a la vereda Nueva Esperanza (corregimiento El Garzal, municipio de Simití, Sur de Bolívar). Y la necesitan porque el Juez Promiscuo de Simití validó en septiembre unas escrituras que Manuel Enrique Barreto consiguió en Notarias de Bogotá, Cartagena, Simití y Mompox sobre unos bienes de la Nación con carácter inalienable por ley."
"La preocupación del campesinado no es menor pues resulta que El Garzal es uno de los últimos rincones del Sur de Bolívar donde la concentración de la tierra es mínima. Así mismo, este corregimiento es de los pocos que destina el 100% de sus tierras a la producción de alimentos."
Leer artículo completo:
Entradas recientes en http://notiagen.wordpress.com
"La comunidad de El Garzal (Sur de Bolívar) denuncia posible apropiación ilegal de tierras del Estado y una amenaza de desalojo para el 13 de diciembre
Según fuentes extraoficiales, la comunidad ha sido informada que el Juez Promiscuo de Simití, Luís Torres, ordenará el desalojo para el 13 de diciembre de la totalidad de la vereda Nueva Esperanza, 120 familias campesinas. Esa decisión judicial validaría unos títulos de propiedad sobre terrenos baldíos de la Nación que la comunidad denuncia como ilegales. El beneficiario sería Manuel Enrique Barreto, señalado por 'Julián Bolívar', ex comandante del Bloque Central Bolívar, como integrante de la estructura paramilitar en el sur del departamento de Bolívar. Fuentes del Ministerio de Agricultura afirman que el ministro intervendrá en este caso."
"Recibimiento de la comunidad de El Garzal a la misión.
La comunidad campesina de El Garzal, unas 380 familias, sostiene que necesita la titulación de las tierras donde vive y trabaja hace más de 50 años. Así lo expresaron todas las intervenciones de pobladores durante la visita de una Misión de Verificación sobre derechos humanos el 5 de diciembre a la vereda Nueva Esperanza (corregimiento El Garzal, municipio de Simití, Sur de Bolívar). Y la necesitan porque el Juez Promiscuo de Simití validó en septiembre unas escrituras que Manuel Enrique Barreto consiguió en Notarias de Bogotá, Cartagena, Simití y Mompox sobre unos bienes de la Nación con carácter inalienable por ley."
"La preocupación del campesinado no es menor pues resulta que El Garzal es uno de los últimos rincones del Sur de Bolívar donde la concentración de la tierra es mínima. Así mismo, este corregimiento es de los pocos que destina el 100% de sus tierras a la producción de alimentos."
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Pronunciamiento Público de Mujeres Campesinas Indígenas y Afrocolombianas
Los días 11 y 12 de Octubre tuvo lugar el Encuentro Nacinoal de Mujer y Minería, en Bogotá. Este evento, se desarrolló en el marco de las actividades y movilizaciones en torno a los proyectos y explotaciones mineras que se desarrollan en diversas zonas del país. Como resultado del encuentro, se presenta este Pronunciamiento Público, para dar a conocer la situación actual de las mujeres, pilar fundamental del desarrollo de nuestra sociedad.
ENCUENTRO NACIONAL MUJER Y MINERIA
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANAS
En la ciudad de Bogotá, durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2011, nos reunimos en el Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería mujeres colombianas campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas y jóvenes provenientes de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Cesar, Guajira, Cundinamarca, Valle del Cauca y delegadas internacionales de organizaciones de Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina.
Nosotras, hijas de la Madre Tierra y constructoras de nuestros territorios, constatamos después de compartir y analizar las afectaciones que producen las políticas minero-energéticas en el continente, particularmente en Colombia, donde hoy nos reunimos, lo siguiente:
1. El modelo extractivista y de explotación de la naturaleza desconoce a las comunidades, pueblos y organizaciones que por centenares de años han preservado todo lo que en ella se encuentra. Un modelo inmerso en la lógica capitalista y patriarcal de impacto global, que en aras de la acumulación económica mercantiliza la vida, la Madre Tierra y nuestro patrimonio natural y cultural.
2. La agresiva presencia de los megaproyectos minero energéticos y empresas trasnacionales, además de transformar la economía política del continente, impone formas, sentidos de vida, proyectos políticos, culturales e ideológicos a nombre del desarrollo y el progreso.
3. Para imponer estos megaproyectos se crean condiciones ideales mediante el despojo, con el que a la vez que se privatizan ríos y caminos, se vulneran y desconocen los derechos sociales, económicos y cultuales de los pueblos.
4. Para despojar de sus tierras y territorios a las etnias (negritudes e indígenas), a las comunidades campesinas y urbanas a lo largo y ancho del país, en Colombia, se ha utilizado la guerra como estrategia.
5. Junto a lo anterior, se intensifican la criminalización y la estigmatización de la organización social y de la protesta popular. La mirada negativa y prejiciosa que estas conductas ocasionan inciden en el impedimento del acceso a la justicia y en la desarticulación de las organizaciones de mujeres y demás sectores populares. En ese ambiente, las empresas cooptan a líderes y lideresas sociales con estrategias, programas y discursos que prometen mejorar sus vidas.
6. Sumado a lo anterior, la legislación del despojo implementada en los últimos gobiernos ha legitimado los efectos de la guerra y afianzado la impunidad histórica particularmente en Colombia, de modo que se favorece la entrega de nuestro patrimonio natural y cultural.
El Encuentro también permitió hacer visibles las afectaciones específicas para las mujeres de la imposición de megaproyectos minero energéticos en nuestros territorios:
• La actividad minero energética en las zonas se entrelaza con la exacerbación de las violencias de género y del conflicto social y armado en el país. Eso vulnera la dignidad, vida y cuerpos de las niñas y mujeres. Son múltiples los antecedentes de violencias generalizadas, de agresión física y sexual, de amenazas y estigmatizaciones.
• La megaminería se acompañade bases militares, mayor presencia de todos los actores armados y aumento de vigilancia privada, lo que hace más vulnerables a las mujeres.
• La salud de las mujeres y las niñas recibe también fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. Se acentúan las enfermedades de transmisión sexual (ETS), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva y de las fumigaciones. Además, se destaca el incremento de los abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de adolescentes, entre otras problemáticas de la salud.
• Con dolor e indignación afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de funcionarios y obreros de la industria minero energética, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres, así como la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades económicas.
• La gran minería transforma el uso tradicional de la Madre Tierra, por lo tanto destruye la economía campesina, las formas de consumo y los hábitos alimenticios. Para adquirir los productos que antes se cultivaban en las regiones campesinas, ahora mineras, hay que comprarlos y para ello el continente se fue acondicionando a la importación masiva de alimentos que en la actualidad, en el caso colombiano, asciende a más de 12 millones de toneladas al año.
• A nombre del progreso, se modifica la actividad productiva tradicional y los territorios se convierten en todo el país en zonas mineras donde las empresas minero energéticas contratan a la población en forma temporal; de esa manera, los habitantes pierten la autonomía productiva y en especialmente en el caso de las mujeres se restringen sus labores a actividades históricamente marginales en la economía.
• Se violenta la identidad cultural y espiritual de los territorios de pueblos originarios y de las comunidades campesinas, lo que rompe el tejido social, los lazos familiares, organizativos y comunitarios. La conflictividad en las comunidades se incrementa con su desintegración, hay mayores conflictos entre vecinos y vecinas y se entraba la unidad para actuar y defender el territorio.
En este Encuentro, las mujeres latinoamericanas ratificamos:
• Nuestro derecho a la vida, a la organización social, la movilización y la denuncia contra los megaproyectos minero energéticos que pongan en riesgo nuestra vida y la de nuestros territorios. Y en tanto la guerra es un impedimento para ejercer estos derechos exigimos y trabajaremos por una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia.
• La urgencia de avanzar en la comprensión del impacto de los megaproyectos minero energéticos en la vida de las niñas y mujeres para aclarar nuestro papel en la resistencia y defensa de nuestros territorios.
• La necesidad de visibilizar y posicionar en la agenda de nuestras organizaciones sociales y populares los impactos negativos sociales, económicos, ambientales y culturales de estos megaproyectos en la vida de las niñas y mujeres campesinas, indígenas, afro, jóvenes y urbanas.
• La exigencia de incluir las afectaciones en las políticas públicas y en especial las políticas públicas de mujeres, para que se genere una real protección de los derechos humanos de las mujeres.
• La necesidad de investigar, documentar, hacer seguimiento y divulgar con enfoque de género cada uno de los casos que se están presentando en Colombia y el continente.
• Avanzar en la formación e información de las comunidades afectadas y las comunidades en general, de modo que eso permita implementar estrategias para la defensa de nuestros derechos.
• Recuperar el sentido de la relación de las mujeres con la Madre Tierra, el territorio, el agua, las semillas y la producción, en tanto eso ratifica su función social en la lógica comunitaria no mercantilista y afirma nuestra identidad cultural.
• Visibilizar y denunciar la grave situación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en contextos de los megaproyectos minero energéticos.
• Impulsar las consultas populares adelantadas con autonomía de las comunidades y organizaciones. En este sentido, rechazamos las consultas contempladas en las normatividades nacionales e internacional, hasta tanto no se garantice la formación político organizativa de las comunidades y para las comunidades. Esta formación es la que garantiza una adecuada toma de decisiones colectivas e incluyentes de las mujeres, decisiones acordes con las particularidades de las comunidades y basadas en una verdadera consulta libre, previa e informada.
Como hijas de la Madre Tierra, hermanas en el dolor y la indignación entrelazamos nuestros esfuerzos y procesos organizativos para articularnos en la defensa de nuestras tierras, territorios, cultura y soberanía alimentaria y territorial.
Programa mujeres y violencias
Censat
Participantes
Acción Ecológica - Ecuador
Acipuc - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia
Afrosiso, Cauca
Asociación Biabuma - Antioquia, Colombia
Asociación Agropecuaria de Caramanta, Antioquia, Colombia
Asociación Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia
Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES - El Salvador
Asociación de Mujeres Artesanas de Cerrito, Asomuarce, Santander, Colombia
Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, Antioquia Colombia
Asociación de Vendedoras de Pescado de La Playa, Betulia, Santander, Colombia
Ceiba - Amigos de la Tierra Guatemala
Cima - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia
Cinturón Occidental Ambiental, Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear, ColombiaComité Cívico Pro Defensa de Marmato, Caldas, Antioquia
Comité en Defensa del Páramo de Santurban, Santander, Colombia
Conciencia Campesina, Colombia
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, Chocó, Colombia
Consejo Comunitario de La Toma, Cauca, Colombia
Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Colombia
Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, Colombia
Corporación CEAM, Colombia
Ecotierra, Tolima, Colombia
Feminas Nomadas, Guajira, Colombia
Fundación Mujer y Vida, Colombia
Fuerza de Mujeres Wayuu, Guajira, Colombia
Programa Mujeres y Violencias
Fundación Synergia
Fundaexpresión, Santander, Colombia
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides - Perú
Iniciativa de Mujeres por la Paz, Colombia
Marcha de Mujeres Campesinas, Colombia
Proceso de Comunidades Negras, Colombia
Red Juvenil Territorio Sur, Bogotá, Colombia
Red de Mujeres y organizaciones del Meta, Colombia
Red Latinoamericana de mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales y contra la minería
ENCUENTRO NACIONAL MUJER Y MINERIA
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANAS
En la ciudad de Bogotá, durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2011, nos reunimos en el Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería mujeres colombianas campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas y jóvenes provenientes de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Cesar, Guajira, Cundinamarca, Valle del Cauca y delegadas internacionales de organizaciones de Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina.
Nosotras, hijas de la Madre Tierra y constructoras de nuestros territorios, constatamos después de compartir y analizar las afectaciones que producen las políticas minero-energéticas en el continente, particularmente en Colombia, donde hoy nos reunimos, lo siguiente:
1. El modelo extractivista y de explotación de la naturaleza desconoce a las comunidades, pueblos y organizaciones que por centenares de años han preservado todo lo que en ella se encuentra. Un modelo inmerso en la lógica capitalista y patriarcal de impacto global, que en aras de la acumulación económica mercantiliza la vida, la Madre Tierra y nuestro patrimonio natural y cultural.
2. La agresiva presencia de los megaproyectos minero energéticos y empresas trasnacionales, además de transformar la economía política del continente, impone formas, sentidos de vida, proyectos políticos, culturales e ideológicos a nombre del desarrollo y el progreso.
3. Para imponer estos megaproyectos se crean condiciones ideales mediante el despojo, con el que a la vez que se privatizan ríos y caminos, se vulneran y desconocen los derechos sociales, económicos y cultuales de los pueblos.
4. Para despojar de sus tierras y territorios a las etnias (negritudes e indígenas), a las comunidades campesinas y urbanas a lo largo y ancho del país, en Colombia, se ha utilizado la guerra como estrategia.
5. Junto a lo anterior, se intensifican la criminalización y la estigmatización de la organización social y de la protesta popular. La mirada negativa y prejiciosa que estas conductas ocasionan inciden en el impedimento del acceso a la justicia y en la desarticulación de las organizaciones de mujeres y demás sectores populares. En ese ambiente, las empresas cooptan a líderes y lideresas sociales con estrategias, programas y discursos que prometen mejorar sus vidas.
6. Sumado a lo anterior, la legislación del despojo implementada en los últimos gobiernos ha legitimado los efectos de la guerra y afianzado la impunidad histórica particularmente en Colombia, de modo que se favorece la entrega de nuestro patrimonio natural y cultural.
El Encuentro también permitió hacer visibles las afectaciones específicas para las mujeres de la imposición de megaproyectos minero energéticos en nuestros territorios:
• La actividad minero energética en las zonas se entrelaza con la exacerbación de las violencias de género y del conflicto social y armado en el país. Eso vulnera la dignidad, vida y cuerpos de las niñas y mujeres. Son múltiples los antecedentes de violencias generalizadas, de agresión física y sexual, de amenazas y estigmatizaciones.
• La megaminería se acompañade bases militares, mayor presencia de todos los actores armados y aumento de vigilancia privada, lo que hace más vulnerables a las mujeres.
• La salud de las mujeres y las niñas recibe también fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. Se acentúan las enfermedades de transmisión sexual (ETS), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva y de las fumigaciones. Además, se destaca el incremento de los abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de adolescentes, entre otras problemáticas de la salud.
• Con dolor e indignación afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de funcionarios y obreros de la industria minero energética, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres, así como la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades económicas.
• La gran minería transforma el uso tradicional de la Madre Tierra, por lo tanto destruye la economía campesina, las formas de consumo y los hábitos alimenticios. Para adquirir los productos que antes se cultivaban en las regiones campesinas, ahora mineras, hay que comprarlos y para ello el continente se fue acondicionando a la importación masiva de alimentos que en la actualidad, en el caso colombiano, asciende a más de 12 millones de toneladas al año.
• A nombre del progreso, se modifica la actividad productiva tradicional y los territorios se convierten en todo el país en zonas mineras donde las empresas minero energéticas contratan a la población en forma temporal; de esa manera, los habitantes pierten la autonomía productiva y en especialmente en el caso de las mujeres se restringen sus labores a actividades históricamente marginales en la economía.
• Se violenta la identidad cultural y espiritual de los territorios de pueblos originarios y de las comunidades campesinas, lo que rompe el tejido social, los lazos familiares, organizativos y comunitarios. La conflictividad en las comunidades se incrementa con su desintegración, hay mayores conflictos entre vecinos y vecinas y se entraba la unidad para actuar y defender el territorio.
En este Encuentro, las mujeres latinoamericanas ratificamos:
• Nuestro derecho a la vida, a la organización social, la movilización y la denuncia contra los megaproyectos minero energéticos que pongan en riesgo nuestra vida y la de nuestros territorios. Y en tanto la guerra es un impedimento para ejercer estos derechos exigimos y trabajaremos por una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia.
• La urgencia de avanzar en la comprensión del impacto de los megaproyectos minero energéticos en la vida de las niñas y mujeres para aclarar nuestro papel en la resistencia y defensa de nuestros territorios.
• La necesidad de visibilizar y posicionar en la agenda de nuestras organizaciones sociales y populares los impactos negativos sociales, económicos, ambientales y culturales de estos megaproyectos en la vida de las niñas y mujeres campesinas, indígenas, afro, jóvenes y urbanas.
• La exigencia de incluir las afectaciones en las políticas públicas y en especial las políticas públicas de mujeres, para que se genere una real protección de los derechos humanos de las mujeres.
• La necesidad de investigar, documentar, hacer seguimiento y divulgar con enfoque de género cada uno de los casos que se están presentando en Colombia y el continente.
• Avanzar en la formación e información de las comunidades afectadas y las comunidades en general, de modo que eso permita implementar estrategias para la defensa de nuestros derechos.
• Recuperar el sentido de la relación de las mujeres con la Madre Tierra, el territorio, el agua, las semillas y la producción, en tanto eso ratifica su función social en la lógica comunitaria no mercantilista y afirma nuestra identidad cultural.
• Visibilizar y denunciar la grave situación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en contextos de los megaproyectos minero energéticos.
• Impulsar las consultas populares adelantadas con autonomía de las comunidades y organizaciones. En este sentido, rechazamos las consultas contempladas en las normatividades nacionales e internacional, hasta tanto no se garantice la formación político organizativa de las comunidades y para las comunidades. Esta formación es la que garantiza una adecuada toma de decisiones colectivas e incluyentes de las mujeres, decisiones acordes con las particularidades de las comunidades y basadas en una verdadera consulta libre, previa e informada.
Como hijas de la Madre Tierra, hermanas en el dolor y la indignación entrelazamos nuestros esfuerzos y procesos organizativos para articularnos en la defensa de nuestras tierras, territorios, cultura y soberanía alimentaria y territorial.
Programa mujeres y violencias
Censat
Participantes
Acción Ecológica - Ecuador
Acipuc - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia
Afrosiso, Cauca
Asociación Biabuma - Antioquia, Colombia
Asociación Agropecuaria de Caramanta, Antioquia, Colombia
Asociación Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia
Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES - El Salvador
Asociación de Mujeres Artesanas de Cerrito, Asomuarce, Santander, Colombia
Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, Antioquia Colombia
Asociación de Vendedoras de Pescado de La Playa, Betulia, Santander, Colombia
Ceiba - Amigos de la Tierra Guatemala
Cima - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia
Cinturón Occidental Ambiental, Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear, ColombiaComité Cívico Pro Defensa de Marmato, Caldas, Antioquia
Comité en Defensa del Páramo de Santurban, Santander, Colombia
Conciencia Campesina, Colombia
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, Chocó, Colombia
Consejo Comunitario de La Toma, Cauca, Colombia
Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Colombia
Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, Colombia
Corporación CEAM, Colombia
Ecotierra, Tolima, Colombia
Feminas Nomadas, Guajira, Colombia
Fundación Mujer y Vida, Colombia
Fuerza de Mujeres Wayuu, Guajira, Colombia
Programa Mujeres y Violencias
Fundación Synergia
Fundaexpresión, Santander, Colombia
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides - Perú
Iniciativa de Mujeres por la Paz, Colombia
Marcha de Mujeres Campesinas, Colombia
Proceso de Comunidades Negras, Colombia
Red Juvenil Territorio Sur, Bogotá, Colombia
Red de Mujeres y organizaciones del Meta, Colombia
Red Latinoamericana de mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales y contra la minería
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