El proyecto de el Quimbo, que pretende construir una hidroeléctrica en el Huila (y para esto, desviar el cauce natural del río Magdalena) ha generado movilizaciones por parte de los habitantes de la región (campesinos y pescadores).
El ESMAD (Escuadrón Móvil Ant-Disturbios), atacó a las comunidades en resistencia. Bladimir Sánchez logró capturar lo ocurrido en el sitio. En el siguiente Link, se presenta el video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BFv4HG8ALeA#!
Luego de publicado el video en YOUTUBE, el autor ha sido amenazado:
http://elrebeldemediosalternativos.blogspot.com/2012/02/amenazas-bladimir-sanchez-productor-del.html
Valga aclarar, que este proyecto hace parte del pilar del "desarrollo" minero-energético del actual gobierno Santos.
¿Qué nos espera?
Rio Dagua
Porque la Locomotora minera tiene más de loco que de desarrollo
miércoles, 29 de febrero de 2012
Minería, una locomotora fuera de rieles
Interesantísimo artículo del diario El Espectador, sobre la "loco-motora minera" de Santos. No sólo hay irregularidades en el pago de regalías -que de por sí son ínfimas, gracias a la "confianza inversionista"-, además, es claro que antiguos funcionarios del gobierno trabajan para las multinacionales. Una vez más es posible ver que, quienes hacen política no son políticos per se, sino algo así como pequeños hombrecitos (y mujercitas) sedientas de dinero y poder, dispuestos (y dispuestas) a vender (o regalar) los recursos de toda una nación, por su bienestar individual.
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-329338-mineria-una-locomotora-fuera-de-rieles
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-329338-mineria-una-locomotora-fuera-de-rieles
lunes, 2 de enero de 2012
Concejo Municipal de Marmato detiene la explotacion minera a cielo abierto
COMITÉ PRO- DEFENSA DE MARMATO
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS (CRIDEC)
Comunicado Público
LOS HABITANTES DE MARMATO DETIENEN LA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO EN SU TERRITORIO, IMPIDEN EL TRASLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PROHIBEN LA DEMOLICIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
El Comité Pro-Defensa de Marmato y el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) informan al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a los sectores sociales movilizados en defensa del medio ambiente y de la pequeña minería, y a la opinión pública en general:
Que después de seis años de incertidumbre desde el ingreso a Marmato, con el apoyo del Gobierno nacional, de las compañías multinacionales canadienses apropiándose de las minas, destruyendo molinos, creando desempleo, haciendo perforaciones sin control y humillando a la población, el día de ayer, 21 de diciembre de 2011, el Honorable Concejo Municipal de Marmato, Caldas, aprobó la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de este municipio, en el cual quedaron consagradas las siguientes disposiciones:
1. Conservarle a El Llano (La Betulia) éste nombre, y en consecuencia suprimir el de Nuevo Marmato en todo el articulado
2. Conservar la cabecera municipal en la Zona Histórica, y mantener en ella la Alcaldía, el Concejo, la Iglesia, la Institución Educativa, el Comando de Policía y demás instituciones propias de la dinámica institucional y social de dicha cabecera.
3. No a la explotación minera a cielo abierto en el municipio de Marmato Caldas. De acuerdo al Artículo 33 de la Ley 136, y Artículo 313 de la Constitución Nacional. Apoyar la minería artesanal tradicional.
4. Declarar El Llano (La Betulia), centro poblado urbano y sus áreas de expansión urbanas (El Tejar, Guayabito), y dotarla de la infraestructura requerida para atender las necesidades de su población actual y futura.
5. Mantener la extensión del casco urbano y de la Zona Histórica por los mismos límites establecidos en el EOT de 2004. El Concejo Municipal regulará la forma de explotación en esta área según los parámetros de Ley.
6. Hacer seguimientos estrictos a las perforaciones que se realicen en el municipio.
7. Gestionar ante las autoridades competentes la sustracción de areas de los títulos mineros en los que se encuentran las zonas urbanas, centros poblados y centros de desarrollo rural, fuentes hídricas y areas de protección a nivel Municipal.
8. Intervenir el espacio público y mejoramiento del entorno ambiental en todo el municipio, de manera prioritaria y contundente; donde no se permita más de 15% del uso.
9. Mantener el carácter rural de San Juan de Marmato, reconociendo al mismo tiempo el hecho de que en su jurisdicción habita la mayor parte de la comunidad indígena del municipio, por lo cual San Juan de Marmato tendrá las categorías de Corregimiento (art. 311 del Decreto 1333 de 1986) y de Territorio Indígena (Decreto 1386 de 1994). Estableciendo dos centros poblados rurales: San Juan y Agrovillas Jiménez.
10. Someter la Plaza Principal y el sector circundante a un régimen especial de manejo que privilegie su permanencia como testimonio de la historia minera ancestral, colonial y republicana, al tiempo que tiene en cuenta la situación de riesgo de la zona. En consecuencia, se prohíbe la demolición o el traslado de los bienes patrimoniales existentes en dicho sector y hacerles el mantenimiento necesario para su debida conservación. Garantizar la permanencia en el tiempo de los habitantes, instituciones públicas y establecimientos privados ubicados en el sector del Atrio y demás sectores de la Zona Histórica que se encuentran en zona de riesgo mitigable. En consecuencia, clasificar como de alta prioridad la ejecución de las obras de mitigación del riesgo recomendadas por CORPOCALDAS para estos sectores.
11. Gestionar ante la Gobernación de Caldas, el Ministerio de Cultura y la UNESCO la declaratoria de Marmato como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
12. Revisión del sistema hídrico y conservación de fuentes de la población.
De manera ejemplar, el Concejo Municipal acoge la voz de un pueblo, representada en el proceso de seis años de lucha del Comité Pro Defensa de Marmato, de los pequeños mineros, del Cabildo y la organización regional indígena, de los maestros, y de múltiples sectores solidarios del país, de Canadá y de otros países.
Con esta decisión los concejales de Marmato le cerraron la puerta a las pretensiones de las compañías canadienses de trasladar la población y de demoler un pueblo de 475 años de historia para explotar en 20 años las reservas de oro que tiene la montaña de Marmato, mediante un proyecto de gran minería a cielo abierto.
Este proyecto había sido rechazado desde 2007 por más de 500 firmas de marmateños; en mayo de 2011 por miles de personas de todo el país que marcharon por la Carretera Panamericana, y posteriormente por la movilización de 400 pequeños mineros que a finales de noviembre pasado paralizaron la población ante el intento de la compañía de cerrar las minas.
La Alcaldía había presentado al Concejo el proyecto de reforma del EOT, preparado desde hace tres años por el Ministerio del Ambiente, el 2 de noviembre pasado, faltando 15 días para terminar sesiones. El Proyecto declaraba toda la Zona Histórica del municipio como de alto riesgo, ordenaba el desalojo de la población, la demolición de la Plaza Principal y de los edificios patrimoniales, y el traslado de la cabecera municipal para la parte baja de la montaña, conocida como El Llano, el que se llamaría “Nuevo Marmato”, ubicado a menos de un kilómetro en línea recta de la actual cabecera, por lo que sus habitantes sufrirían el impacto directo de la explotación a cielo abierto si esta llegare a realizarse.
Finalmente, los concejales de Marmato han dado a Colombia y al mundo una lección de dignidad, al demostrar que la defensa de la vida, de la cultura de los pueblos y de los recursos naturales no es cuestión de dinero ni de presiones oficiales, como lo expresara un directivo de la compañía Medoro hace unos meses.
Exigimos a las autoridades colombianas, al gobierno de Canadá y a la compañía Gran Colombia Gold Corp. (antes Medoro Resources) respetar la decisión soberana del pueblo marmateño; al tiempo que llamamos a todos los mineros de Marmato a darle aplicación inmediata al Manual de Convivencia Minera que se traduzca en un mejoramiento de la calidad de vida de la población y el respeto a la Madre Naturaleza.
COMITÉ PRO DEFENSA DE MARMATO
COMITÉ EJECUTIVO DEL CRIDEC
Marmato, Caldas, 22 de diciembre de 2011
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDAS (CRIDEC)
Comunicado Público
LOS HABITANTES DE MARMATO DETIENEN LA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO EN SU TERRITORIO, IMPIDEN EL TRASLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PROHIBEN LA DEMOLICIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
El Comité Pro-Defensa de Marmato y el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) informan al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a los sectores sociales movilizados en defensa del medio ambiente y de la pequeña minería, y a la opinión pública en general:
Que después de seis años de incertidumbre desde el ingreso a Marmato, con el apoyo del Gobierno nacional, de las compañías multinacionales canadienses apropiándose de las minas, destruyendo molinos, creando desempleo, haciendo perforaciones sin control y humillando a la población, el día de ayer, 21 de diciembre de 2011, el Honorable Concejo Municipal de Marmato, Caldas, aprobó la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de este municipio, en el cual quedaron consagradas las siguientes disposiciones:
1. Conservarle a El Llano (La Betulia) éste nombre, y en consecuencia suprimir el de Nuevo Marmato en todo el articulado
2. Conservar la cabecera municipal en la Zona Histórica, y mantener en ella la Alcaldía, el Concejo, la Iglesia, la Institución Educativa, el Comando de Policía y demás instituciones propias de la dinámica institucional y social de dicha cabecera.
3. No a la explotación minera a cielo abierto en el municipio de Marmato Caldas. De acuerdo al Artículo 33 de la Ley 136, y Artículo 313 de la Constitución Nacional. Apoyar la minería artesanal tradicional.
4. Declarar El Llano (La Betulia), centro poblado urbano y sus áreas de expansión urbanas (El Tejar, Guayabito), y dotarla de la infraestructura requerida para atender las necesidades de su población actual y futura.
5. Mantener la extensión del casco urbano y de la Zona Histórica por los mismos límites establecidos en el EOT de 2004. El Concejo Municipal regulará la forma de explotación en esta área según los parámetros de Ley.
6. Hacer seguimientos estrictos a las perforaciones que se realicen en el municipio.
7. Gestionar ante las autoridades competentes la sustracción de areas de los títulos mineros en los que se encuentran las zonas urbanas, centros poblados y centros de desarrollo rural, fuentes hídricas y areas de protección a nivel Municipal.
8. Intervenir el espacio público y mejoramiento del entorno ambiental en todo el municipio, de manera prioritaria y contundente; donde no se permita más de 15% del uso.
9. Mantener el carácter rural de San Juan de Marmato, reconociendo al mismo tiempo el hecho de que en su jurisdicción habita la mayor parte de la comunidad indígena del municipio, por lo cual San Juan de Marmato tendrá las categorías de Corregimiento (art. 311 del Decreto 1333 de 1986) y de Territorio Indígena (Decreto 1386 de 1994). Estableciendo dos centros poblados rurales: San Juan y Agrovillas Jiménez.
10. Someter la Plaza Principal y el sector circundante a un régimen especial de manejo que privilegie su permanencia como testimonio de la historia minera ancestral, colonial y republicana, al tiempo que tiene en cuenta la situación de riesgo de la zona. En consecuencia, se prohíbe la demolición o el traslado de los bienes patrimoniales existentes en dicho sector y hacerles el mantenimiento necesario para su debida conservación. Garantizar la permanencia en el tiempo de los habitantes, instituciones públicas y establecimientos privados ubicados en el sector del Atrio y demás sectores de la Zona Histórica que se encuentran en zona de riesgo mitigable. En consecuencia, clasificar como de alta prioridad la ejecución de las obras de mitigación del riesgo recomendadas por CORPOCALDAS para estos sectores.
11. Gestionar ante la Gobernación de Caldas, el Ministerio de Cultura y la UNESCO la declaratoria de Marmato como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
12. Revisión del sistema hídrico y conservación de fuentes de la población.
De manera ejemplar, el Concejo Municipal acoge la voz de un pueblo, representada en el proceso de seis años de lucha del Comité Pro Defensa de Marmato, de los pequeños mineros, del Cabildo y la organización regional indígena, de los maestros, y de múltiples sectores solidarios del país, de Canadá y de otros países.
Con esta decisión los concejales de Marmato le cerraron la puerta a las pretensiones de las compañías canadienses de trasladar la población y de demoler un pueblo de 475 años de historia para explotar en 20 años las reservas de oro que tiene la montaña de Marmato, mediante un proyecto de gran minería a cielo abierto.
Este proyecto había sido rechazado desde 2007 por más de 500 firmas de marmateños; en mayo de 2011 por miles de personas de todo el país que marcharon por la Carretera Panamericana, y posteriormente por la movilización de 400 pequeños mineros que a finales de noviembre pasado paralizaron la población ante el intento de la compañía de cerrar las minas.
La Alcaldía había presentado al Concejo el proyecto de reforma del EOT, preparado desde hace tres años por el Ministerio del Ambiente, el 2 de noviembre pasado, faltando 15 días para terminar sesiones. El Proyecto declaraba toda la Zona Histórica del municipio como de alto riesgo, ordenaba el desalojo de la población, la demolición de la Plaza Principal y de los edificios patrimoniales, y el traslado de la cabecera municipal para la parte baja de la montaña, conocida como El Llano, el que se llamaría “Nuevo Marmato”, ubicado a menos de un kilómetro en línea recta de la actual cabecera, por lo que sus habitantes sufrirían el impacto directo de la explotación a cielo abierto si esta llegare a realizarse.
Finalmente, los concejales de Marmato han dado a Colombia y al mundo una lección de dignidad, al demostrar que la defensa de la vida, de la cultura de los pueblos y de los recursos naturales no es cuestión de dinero ni de presiones oficiales, como lo expresara un directivo de la compañía Medoro hace unos meses.
Exigimos a las autoridades colombianas, al gobierno de Canadá y a la compañía Gran Colombia Gold Corp. (antes Medoro Resources) respetar la decisión soberana del pueblo marmateño; al tiempo que llamamos a todos los mineros de Marmato a darle aplicación inmediata al Manual de Convivencia Minera que se traduzca en un mejoramiento de la calidad de vida de la población y el respeto a la Madre Naturaleza.
COMITÉ PRO DEFENSA DE MARMATO
COMITÉ EJECUTIVO DEL CRIDEC
Marmato, Caldas, 22 de diciembre de 2011
lunes, 19 de diciembre de 2011
Una locomotora loca cargada de oro
Por: Daniel Samper Pizano. Tomado de: El Tiempo, 7 de Diciembre de 2011 http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/danielsamperpizano/una-locomotora-loca-cargada-de-oro_10918457-4
¿Este es el tren de la salvación? Más bien parece la demencial locomotora de la película.
Para decirlo en términos navideños, las multinacionales mineras son como los Reyes Magos, pero al revés: en vez de llevar oro al pobre portal, se lo quitan. El Gobierno habla con ingenua esperanza del "tren de la minería". Pero deberá manejarlo con cuidado, pues recuerda aquella locomotora loca que corre sin rumbo ni control y causa toda suerte de desastres.
Esta es la impresión que deja una mirada atenta a recientes debates en el Congreso, diversos documentos oficiales, graves quejas ecológicas y artículos de especialistas. Si no enderezan los rieles del tren minero, si no se le pone un buen maquinista y si no se establecen límites y barreras a la actividad, enfrentaremos un monstruo que destruirá la naturaleza, provocará peligrosos conflictos sociales y dejará escaso empleo y exiguas ganancias. No somos las únicas víctimas: en este momento hay en América Latina 155 conflictos creados por la explotación de yacimientos. En Colombia algunos han provocado desórdenes y asesinatos.
Me impresionaron las cifras y argumentos que dio el senador Jorge Enrique Robledo en el Capitolio. Él afirma que "el país puede estar siendo literalmente saqueado" por las grandes empresas mineras, mientras estas y el Gobierno se ocupan de estigmatizar a los mineros informales, a quienes el Ministro de Minas propone "darles el mismo tratamiento que al narcotráfico". El ministro no los llama "informales" sino "ilegales", pero su supuesta ilegalidad es la misma en la que sobreviven millones de colombianos honestos cuyo delito es, básicamente, ser pobres: también son "ilegales" los que venden frutas en los semáforos, los que cuidan autos, los que exhiben merengones en las carreteras, los que reciclan basura, los que ofrecen dulces en un carrito, los que cantan en los cafés...
El general Leonardo Pinto, hablando de los mineros informales del Bajo Cauca, tuvo el valor de señalar que "están enfrentando una injusticia por parte del gobierno nacional" y que la manera de solucionar los problemas sociales no es la fuerza.
Eso es lo primero que conviene aclarar: que los miles de colombianos que buscan oro en condiciones primitivas, como lo hicieron sus antepasados, no pueden asimilarse a narcotraficantes ni recibir tratamiento de bandidos. Causan daños a la naturaleza, es verdad. Pero no más, con seguridad, que las minas a tajo abierto y otras prácticas de la gran minería, capaz de destruir un páramo o alterar el medio ambiente de una región. Para prueba, el deterioro ambiental del Cesar y la bahía de Santa Marta. Recordemos que 38 diputados británicos señalaron que el proyecto de la AngloGold Ashanti en La Colosa (Tolima) podría causar una catástrofe ecológica.
Se diría que el tren aplasta a algunos pero favorece a todos. Falso. Según el economista Eduardo Sarmiento, la minería no irriga beneficios, no genera empleo de calidad y tiene "una clara responsabilidad en los elevados índices de desigualdad de la sociedad colombiana". Además, paga regalías ridículas, inferiores a las que facturan los indígenas en las salinas de Manaure. Y tributa poco. "Las grandes empresas mineras prácticamente no están pagando impuestos", acusa Robledo. Se apoya en la Contraloría, al tenor de la cual los impuestos no pagados por la Drummond en el Cesar equivalen al 76 por ciento del recaudo por regalías.
Lo peor es que el tren galopa sin vigilancia. Ciego, sin datos, el Estado acepta las cifras de las mineras con "fe religiosa" (Contraloría), y un estudio de la Dian expone intrincado carrusel de evasiones fiscales. ¿Este es el tren de la salvación? Más bien parece la demencial locomotora de la película.
ESQUIRLAS. Usando un calumnioso pretexto, El País acaba de cancelar la columna de Ramiro Bejarano y de impedirle que se defienda de las sinuosas acusaciones de un jeque empresarial. Solidaria con Bejarano, renuncia la columnista Cecilia Orozco. De este modo, la oligarquía caleña cierra filas y censura toda crítica, aunque pierda a sus dos mejores comentaristas.
lunes, 12 de diciembre de 2011
Adquisición irregular de tierras: FAO denuncia problemas de corrupción en acceso a la tierra en 61 países
"En el caso de Colombia, la rápida expansión de los cultivos de aceite de palma ha sido relacionada con grupos paramilitares."
"Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del organismo mundial anticorrupción Transparencia Internacional (TI) detectó graves problemas de corrupción en el acceso a la tierra en 61 países, entre ellos Colombia."
Interesante Columna del periódico El Espectador (El Mundo |12 Dic 2011 - 9:47 am), acerca de la apropiación de tierras y el uso de las mismas. Para ver el artículo completo: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-316144-fao-denuncia-problemas-de-corrupcion-acceso-tierra-61-paises
"Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del organismo mundial anticorrupción Transparencia Internacional (TI) detectó graves problemas de corrupción en el acceso a la tierra en 61 países, entre ellos Colombia."
Interesante Columna del periódico El Espectador (El Mundo |12 Dic 2011 - 9:47 am), acerca de la apropiación de tierras y el uso de las mismas. Para ver el artículo completo: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-316144-fao-denuncia-problemas-de-corrupcion-acceso-tierra-61-paises
Adiós a la comida barata, a la tierra cultivable, al agua potable
Tomado de la Revista digital: RAZÓN PÚBLICA. COLUMNA DE: Gabriel Rosas Vega*
EL SIGUIENTE TEXTO FUE TOMADO EN SU TOTALIDAD Y DE FORMA LITERAL DE LA REVISTA RAZÓN PÚBLICA, CON FINES EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS.
Domingo, 11 de Diciembre de 2011 20:07
En medio de las turbulencias financieras y monetarias, se esconde un peligro potencialmente mayor. Una pugna sorda por autoabastecerse está llevando a la carrera más insólita entre países: el control de tierra y de agua a gran escala. Colombia no está exenta de peligros en este frente.
Carrera por autoabastecerse
Con esta sentencia, Paul Krugman, premio Nobel de economía, resume su posición sobre las consecuencias de la crisis alimentaria en marcha. El profesor sostiene que la crisis va más allá de lo económico, partiendo de que el precio de la comida está por las nubes y de que se puede desencadenar la cólera popular.
Efectivamente, los precios mundiales de los alimentos batieron un récord en los primeros meses del año, impulsados por los fuertes aumentos en las cotizaciones del trigo, el maíz, el azúcar y los aceites.
Estos precios desorbitados sólo han tenido un efecto limitado en la inflación estadounidense, pues en términos históricos sigue siendo baja, pero están teniendo un impacto brutal sobre los pobres del mundo, que gastan en alimentos una gran proporción e inclusive la mayoría de sus ingresos.
So pretexto de esta delicada situación -y aprovechando que muchos gobiernos de países dependientes de las importaciones de alimentos se convencieron de la necesidad de reducir su vulnerabilidad- se ha iniciado una carrera descontrolada para autoabastecerse, comprando o alquilando tierras en otros países.
Es el caso, por ejemplo, de lo acontecido en 2011, cuando después de dos años de relativa tranquilidad, los precios han estado persistentemente por encima del pico de 2008, según el índice elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés). De hecho esto deja muy a las claras que la fiebre de los cultivos está ardiendo y, de acuerdo con los expertos, no hay señales de que vaya a bajar en el corto o en el mediano plazo.
Hambre de tierra cultivable
Como se ha repetido varias veces, África es el principal escenario de la carrera. Sin embargo, la falta de transparencia de muchos acuerdos y la ausencia de registros públicos confiables en un número creciente de países impide elaborar estadísticas confiables y de escala global acerca del fenómeno.
Empero, la información disponible indica que éste es realmente de amplísimas proporciones, con contratos que cubren extensiones de miles de kilómetros cuadrados. Sólo en Etiopía, Mozambique, Sudán y Liberia, unos 43.000 kilómetros cuadrados fueron vendidos o arrendados a inversionistas extranjeros entre 2004 y 2009, según datos del Banco Mundial. Se trata de una superficie equivalente al territorio de Suiza.
Entonces, si se tiene en cuenta que son muchos los países que en África –pero también en otros continentes– viven experiencias similares, la magnitud del problema se torna más evidente.
Parece no haber duda acerca de las causas del fenómeno: el aumento de la población mundial, la dieta más rica de millones de seres humanos en países emergentes y la creciente cantidad de cultivos destinados a la producción de biocombustibles, explican en buena medida la subida del precio de los alimentos y, en gran parte, la búsqueda de tierras.
El control del agua
No obstante, las cosas no paran ahí: más allá de la dimensión económico-social, el impulso a los precios tiene implicaciones geopolíticas. Una de ellas es el control del agua.
Michael Taylor sostiene que “estas grandes inversiones se sitúan en zonas con acceso estratégico al agua. Por ejemplo, varios países de las cuencas del Nilo y del Níger son grandes receptores de este flujo de inversiones. Con todo, muchos de los contratos firmados en ellos no regulan claramente la cuestión del uso del agua. Para no ir tan lejos, la utilización del caudal del Nilo ya es motivo de tensión entre Egipto y otras naciones de la cuenca. Cuando todos los proyectos estén en pleno funcionamiento, son de esperar crecientes extracciones de agua. Hay un alto potencial para que se produzcan conflictos” [1]. Unos 200 millones de personas vivían en la cuenca del Nilo en 2005 y la ONU estima que serán 330 millones en el 2030.
Otros casos que se mencionan son los de Mali, uno de los países por donde pasa el río Níger, vendió o alquiló unos 2.400 kilómetros cuadrados de tierras a extranjeros sólo en 2010. Más de 100 millones de personas viven en la cuenca del Níger.
De igual manera, aparecen países que sufren escasez de agua –Arabia Saudí, Catar o los Emiratos Árabes Unidos– que figuran entre los mayores protagonistas de la carrera por la tierra.
Pero también hay otras clases de inversionistas: · China o India, que tienen agua para cultivar, pero temen que su sector agrícola sea incapaz de abastecer a sus grandes poblaciones; · Empresas de países occidentales, que quieren tierra para cultivar materias primas para biocombustibles o, simplemente, vender más en el mercado internacional” (Taylor). · Inversionistas que sencillamente buscan refugio de las turbulencias del mercado financiero. Como el problema no es exclusivo de África, aprovechando que tenemos tierras fértiles para cultivar y todavía el recurso agua no escasea en Colombia, creo que es urgente anticiparnos a los acontecimientos, tomando decisiones preventivas, pues las lamentaciones de nada servirán si nos descuidamos.
* GABRIEL ROSAS VEGA: Cofundador del Nuevo Liberalismo, ex ministro de Agricultura, profesor universitario, columnista y autor de numerosos libros y artículos académicos.
EL SIGUIENTE TEXTO FUE TOMADO EN SU TOTALIDAD Y DE FORMA LITERAL DE LA REVISTA RAZÓN PÚBLICA, CON FINES EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS.
Domingo, 11 de Diciembre de 2011 20:07
En medio de las turbulencias financieras y monetarias, se esconde un peligro potencialmente mayor. Una pugna sorda por autoabastecerse está llevando a la carrera más insólita entre países: el control de tierra y de agua a gran escala. Colombia no está exenta de peligros en este frente.
Carrera por autoabastecerse
Con esta sentencia, Paul Krugman, premio Nobel de economía, resume su posición sobre las consecuencias de la crisis alimentaria en marcha. El profesor sostiene que la crisis va más allá de lo económico, partiendo de que el precio de la comida está por las nubes y de que se puede desencadenar la cólera popular.
Efectivamente, los precios mundiales de los alimentos batieron un récord en los primeros meses del año, impulsados por los fuertes aumentos en las cotizaciones del trigo, el maíz, el azúcar y los aceites.
Estos precios desorbitados sólo han tenido un efecto limitado en la inflación estadounidense, pues en términos históricos sigue siendo baja, pero están teniendo un impacto brutal sobre los pobres del mundo, que gastan en alimentos una gran proporción e inclusive la mayoría de sus ingresos.
So pretexto de esta delicada situación -y aprovechando que muchos gobiernos de países dependientes de las importaciones de alimentos se convencieron de la necesidad de reducir su vulnerabilidad- se ha iniciado una carrera descontrolada para autoabastecerse, comprando o alquilando tierras en otros países.
Es el caso, por ejemplo, de lo acontecido en 2011, cuando después de dos años de relativa tranquilidad, los precios han estado persistentemente por encima del pico de 2008, según el índice elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés). De hecho esto deja muy a las claras que la fiebre de los cultivos está ardiendo y, de acuerdo con los expertos, no hay señales de que vaya a bajar en el corto o en el mediano plazo.
Hambre de tierra cultivable
Como se ha repetido varias veces, África es el principal escenario de la carrera. Sin embargo, la falta de transparencia de muchos acuerdos y la ausencia de registros públicos confiables en un número creciente de países impide elaborar estadísticas confiables y de escala global acerca del fenómeno.
Empero, la información disponible indica que éste es realmente de amplísimas proporciones, con contratos que cubren extensiones de miles de kilómetros cuadrados. Sólo en Etiopía, Mozambique, Sudán y Liberia, unos 43.000 kilómetros cuadrados fueron vendidos o arrendados a inversionistas extranjeros entre 2004 y 2009, según datos del Banco Mundial. Se trata de una superficie equivalente al territorio de Suiza.
Entonces, si se tiene en cuenta que son muchos los países que en África –pero también en otros continentes– viven experiencias similares, la magnitud del problema se torna más evidente.
Parece no haber duda acerca de las causas del fenómeno: el aumento de la población mundial, la dieta más rica de millones de seres humanos en países emergentes y la creciente cantidad de cultivos destinados a la producción de biocombustibles, explican en buena medida la subida del precio de los alimentos y, en gran parte, la búsqueda de tierras.
El control del agua
No obstante, las cosas no paran ahí: más allá de la dimensión económico-social, el impulso a los precios tiene implicaciones geopolíticas. Una de ellas es el control del agua.
Michael Taylor sostiene que “estas grandes inversiones se sitúan en zonas con acceso estratégico al agua. Por ejemplo, varios países de las cuencas del Nilo y del Níger son grandes receptores de este flujo de inversiones. Con todo, muchos de los contratos firmados en ellos no regulan claramente la cuestión del uso del agua. Para no ir tan lejos, la utilización del caudal del Nilo ya es motivo de tensión entre Egipto y otras naciones de la cuenca. Cuando todos los proyectos estén en pleno funcionamiento, son de esperar crecientes extracciones de agua. Hay un alto potencial para que se produzcan conflictos” [1]. Unos 200 millones de personas vivían en la cuenca del Nilo en 2005 y la ONU estima que serán 330 millones en el 2030.
Otros casos que se mencionan son los de Mali, uno de los países por donde pasa el río Níger, vendió o alquiló unos 2.400 kilómetros cuadrados de tierras a extranjeros sólo en 2010. Más de 100 millones de personas viven en la cuenca del Níger.
De igual manera, aparecen países que sufren escasez de agua –Arabia Saudí, Catar o los Emiratos Árabes Unidos– que figuran entre los mayores protagonistas de la carrera por la tierra.
Pero también hay otras clases de inversionistas: · China o India, que tienen agua para cultivar, pero temen que su sector agrícola sea incapaz de abastecer a sus grandes poblaciones; · Empresas de países occidentales, que quieren tierra para cultivar materias primas para biocombustibles o, simplemente, vender más en el mercado internacional” (Taylor). · Inversionistas que sencillamente buscan refugio de las turbulencias del mercado financiero. Como el problema no es exclusivo de África, aprovechando que tenemos tierras fértiles para cultivar y todavía el recurso agua no escasea en Colombia, creo que es urgente anticiparnos a los acontecimientos, tomando decisiones preventivas, pues las lamentaciones de nada servirán si nos descuidamos.
* GABRIEL ROSAS VEGA: Cofundador del Nuevo Liberalismo, ex ministro de Agricultura, profesor universitario, columnista y autor de numerosos libros y artículos académicos.
Ley de Víctimas: Gobierno detectó 400 mil hectáreas de tierras para reparar víctimas
Ley de Víctimas
Gobierno detectó 400 mil hectáreas de tierras para reparar víctimas
Por: Elespectador.com
Con esas hectáreas iniciará la reparación de los mártires del conflicto.
El Gobierno Nacional dio a conocer que logró recuperar 400 mil hectáreas de tierras, de 650 mil revisadas, que pasarán al proceso de restitución para las víctimas, según lo establece la Ley de Restitución de Tierras.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo que las otras 250 mil hectáreas que tienen algún tipo de inconveniente jurídico, serán entregadas a jueces agrarios para que las saneen.
“La Fiscalía está analizando qué procedencia tenían quienes aparecían como dueños de las 400 mil hectáreas recuperadas, para establecer si llegaron a ser registrados como dueños de esas tierras a través de posibles irregularidades”, aseguró.
La idea del Gobierno es establecer si quienes aparecen como dueños realizaron algún tipo de alianza con grupos ilegales, como paramilitares o guerrillas, o incluso si hay funcionarios públicos que los ayudaron de manera fraudulenta.
Las zonas donde se ha llevado el proceso de recuperación de las tierras son San Martín (Meta), Uraba (entre Antioquia y Córdoba) y los Montes de María (Bolívar).
Finalmente, Vélez confirmó que el 13 de diciembre la Fiscalía imputará cargos contra 22 funcionarios públicos presuntamente comprometido con el despojo de tierras a campesinos del Carmen de Bolívar (Bolívar).
“La señora fiscal va a imputar el próximo 13 de diciembre en Carmen de Bolívar a 22 funcionarios públicos, entre quienes hay secretarios de gobierno, alcaldes, registrados, entre otros”, aseguró Vélez.
Gobierno detectó 400 mil hectáreas de tierras para reparar víctimas
Por: Elespectador.com
Con esas hectáreas iniciará la reparación de los mártires del conflicto.
El Gobierno Nacional dio a conocer que logró recuperar 400 mil hectáreas de tierras, de 650 mil revisadas, que pasarán al proceso de restitución para las víctimas, según lo establece la Ley de Restitución de Tierras.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo que las otras 250 mil hectáreas que tienen algún tipo de inconveniente jurídico, serán entregadas a jueces agrarios para que las saneen.
“La Fiscalía está analizando qué procedencia tenían quienes aparecían como dueños de las 400 mil hectáreas recuperadas, para establecer si llegaron a ser registrados como dueños de esas tierras a través de posibles irregularidades”, aseguró.
La idea del Gobierno es establecer si quienes aparecen como dueños realizaron algún tipo de alianza con grupos ilegales, como paramilitares o guerrillas, o incluso si hay funcionarios públicos que los ayudaron de manera fraudulenta.
Las zonas donde se ha llevado el proceso de recuperación de las tierras son San Martín (Meta), Uraba (entre Antioquia y Córdoba) y los Montes de María (Bolívar).
Finalmente, Vélez confirmó que el 13 de diciembre la Fiscalía imputará cargos contra 22 funcionarios públicos presuntamente comprometido con el despojo de tierras a campesinos del Carmen de Bolívar (Bolívar).
“La señora fiscal va a imputar el próximo 13 de diciembre en Carmen de Bolívar a 22 funcionarios públicos, entre quienes hay secretarios de gobierno, alcaldes, registrados, entre otros”, aseguró Vélez.
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